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El anteproyecto del documento no ofrece un marco de bioseguridad para
resguardar las zonas de producción de maíz tradicional. El Régimen de Protección
Especial al maíz enviado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) a la Comisión Federal de Mejora
Regulatoria (Cofemer), es una burla porque no ofrece un marco de bioseguridad
para resguardar las zonas de producción de maíz tradicional y pone en riesgo las
variedades criollas de este grano, que son el patrimonio natural de los
mexicanos, denunció Greenpeace.
Al igual que la publicación del Reglamento de la Ley de Bioseguridad de
Organismos Genéticamente Modificados, el anteproyecto del Régimen no establece
un periodo para comentarios por parte de los distintos sectores que se verían
involucrados ante cualquier accidente que devenga de la liberación de
transgénicos al medio ambiente.
El Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología, del cual México
es signatario, establece en su artículo 23, el compromiso de celebrar consultas
públicas para el proceso de adopción de decisiones en relación con organismos
genéticamente modificados, así como de dar a conocer al público el resultado de
dichas decisiones.
“Es necesario que el gobierno federal garantice la participación de todos los
sectores de la sociedad, para asegurar que el Régimen de Protección Especial del
Maíz reconozca la importancia de este grano como una de las principales fuentes
de alimentación y no únicamente como una mercancía que engrosará los bolsillos
de la industria biotecnológica”, demandó Aleira Lara, coordinadora de la campaña
de agricultura sustentable y transgénicos de Greenpeace México.
México es centro de origen del maíz y todo el territorio nacional es centro de
diversidad de dicho grano. Este hecho no es considerado por la Semarnat y la
Sagarpa en el anteproyecto del Régimen de Protección Especial al maíz, que no
plantea cómo se evitará la contaminación transgénica de este importante grano.
En el anteproyecto del Régimen, las autoridades no tomaron en cuenta las
exhaustivas investigaciones y recomendaciones realizadas a la fecha por la
Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte; el Manifiesto ciudadano,
publicado en la prensa en septiembre de 2006; y el Taller: “Identificación y
producción de centros de orígen del maíz” convocado por el Instituto Nacional de
Ecología (INE).
Entre las recomendaciones de estos organismos destacan, con base en el principio
precautorio:
- detener todas las fuentes de contaminación sin afectar a los productores
mexicanos,
- mantener la moratoria a las siembras experimentales de maíz transgénico,
- implementar un plan de remediación o limpieza del maíz contaminado,
- implementar programas de apoyo a la agricultura campesina tradicional,
particularmente a la siembra y valoración de las variedades criollas mexicanas.
“El anteproyecto del documento plantea como prioridad, la pronta respuesta a las
solicitudes de permisos de siembras experimentales y no contempla la
implementación de un biomonitoreo amplio y exhaustivo sobre el alcance de la
contaminación transgénica actual de cultivos de maíz en México, así como
mecanismos para revertirla. Es inadmisible que en un documento tan importante,
el biomonitoreo sea un asunto menor, y es preocupante que sea publicado sin
contar con lineamientos firmes para preservar el maíz”, explicó Lara.
En su artículo decimocuarto, el anteproyecto establece que “se iniciarán
procedimientos de inspección y vigilancia (...) donde se ubique el maíz
genéticamente modificado no permitido”. Pero no establece si ésto se realizará
previamente a la autorización para liberar transgénicos al medio ambiente y
tampoco si habrá seguimiento en caso de que se detecte la presencia de
transgénicos con los que se está realizando las siembras experimentales.
“Greenpeace demanda la implementación de un Régimen que efectivamente proteja al
maíz, que esté concebido como asunto de seguridad nacional, que aplique el
principio precautorio, que garantice la conservación in situ y ex situ de la
diversidad del maíz; que esté construido con la opinión de las comunidades
rurales e indígenas y con la participación de académicos, consumidores,
productores, científicos y los diferentes niveles de gobierno. No queremos la
simulación de un régimen de protección al maíz que sólo atienda a los intereses
de la industria biotecnológica”, concluyó Lara.
Más información con Raúl Estrada, coordinador de prensa, en los tels.
044-55-2746-3236 / 04555-33-96-46-54 y 5687 9595 ext. 120, email: raul.estrada@greenpeace.org
o en la página www.greenpeace.org.mx
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