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El gobierno mexicano traicionó las demandas de las organizaciones campesinas,
sociales y ambientalistas que firmaron el "Pacto Político por la Soberanía
Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades
Democráticas", una prueba de ello fue la publicación del Reglamento de la Ley de
Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM) con el que se
pretende autorizar las siembras de maíz transgénico en nuestro país, señaló la
campaña nacional Sin maíz no hay país, ¡Pon a México en tu boca!
El pacto campesino y social, firmado en febrero pasado, es el resultado de una
de las más amplias alianzas logradas hasta ahora entre diferentes organizaciones
y demanda al gobierno federal la prohibición total de las siembras
experimentales de maíz transgénico en México. Además, propone un proyecto
político para remontar la profunda crisis del sector agropecuario brindando un
futuro posible, no sólo a los 30 millones de mexicanos que habitan en el campo
sino a toda la población, al ofrecer una alimentación sana y a costos
accesibles.
En el inciso “K” del Pacto “se exige el reconocimiento del carácter
multifuncional del sector agroalimentario con un desarrollo ecológicamente
sustentable, defendiendo nuestros recursos naturales, tierra, agua, bosques,
biodiversidad y germoplasma nativo, y rechazando la siembra de transgénicos”.
Sin embargo, esta demanda fue ignorada por el gobierno federal al publicar el
Reglamento de la LBOGM, el pasado 19 de marzo, sin cumplir con los elementos
necesarios en materia de bioseguridad.
Los principales instrumentos de bioseguridad a los que hace referencia la LBOGM
son: el Régimen de Protección Especial del Maíz (RPEM), la determinación de
centros de origen y de diversidad genética, las zonas libres de transgénicos,
así como el resguardo de la producción orgánica y de aquellos productores que
quieren evitar la contaminación de sus cultivos con transgénicos. Pero estos
instrumentos fueron relegados en el Reglamento de la Ley de Bioseguridad, ya que
sólo se mencionan en sus artículos transitorios.
“El gobierno federal pretende dar luz verde a los cultivos transgénicos pasando
por encima de la propia ley. En aplicación al Principio Precautorio, todos los
países que sean centro de origen y diversidad genética de algún cultivo,
deberían de adoptar las medidas legales para prohibir la introducción de
variedades transgénicas de esos cultivos”, dijo Cati Marielle del Grupo de
Estudios Ambientales (GEA).
“Los transgénicos no cuentan con estudios que demuestren su inocuidad en la
salud humana y animal, por lo que la propagación de este tipo de productos en
los alimentos de los mexicanos genera una gran incertudumbre. ¿Por qué no se ha
autorizado la siembra de trigo transgénico en Estados Unidos? La respuesta es
sencilla: porque el trigo es la base de la alimentación de los consumidores
estadounidenses y canadienses”, explicó Marielle.
Desde 2005, cuando fue publicada la LBOGM, también llamada Ley Monsanto, ha sido
fuertemente criticada por su carácter servilista hacia la industria
biotecnológica, porque fomenta el uso riesgoso de las semillas transgénicas de
los monopolios sin proteger al campo mexicano, la salud y la biodiversidad. El
Reglamento de la LBOGM reproduce y profundiza esa tendencia de complicidad y
subordinación hacia empresas como Monsanto.
“Las carencias del Reglamento imposibilitan la siembra inmediata de transgénicos,
a pesar de que funcionarios irresponsables de la secretarías de Agricultura y
Medio Ambiente afirmen lo contrario. En la publicación del Reglamento tampoco se
respetaron las observaciones realizadas por múltiples actores a través de la
Comisión Federal de Mejora Regulatoria, entre las que destaca la necesaria
inclusión de medidas de bioseguridad antes de permitir las siembras
experimentales, denunció Adelita San Vicente de Semillas de Vida.
“Es indispensable que en el RPEM se tomen en cuenta los planteamientos del
Manifiesto por la protección del Maíz Mexicano (1) publicado en septiembre de
2006 por científicos, investigadores y organizaciones, en el que se concentran
una serie de medidas para proteger al maíz”, exigió San Vicente.
En lo que respecta al procedimiento, el Reglamento no fue dado a conocer con
anticipación a los órganos de consulta obligatoria que señala la LBOGM en sus
artículos 20 y 21. El Dr. Alejandro Espinosa Calderón, coordinador del Consejo
Consultivo Científico de la CIBIOGEM (CCC-CIBIOGEM) expresó su inconformidad
porque no se tomó en cuenta el señalamiento y posición del CCC y porque se violó
el artículo 20 de la LBOGM (2).
“Una tecnología tan incipiente como la de los transgénicos y en manos de
empresas transacionales, lejos de significar una solución para los campesinos
mexicanos, los haría más dependientes y encarecerá el insumo fundamental que es
la semilla, la cual a lo largo de la historia de la humanidad ha sido de libre
acceso. La adopción de esta tecnología en México debe estar sujeta al escrutinio
de los productores”, declaró Aleira Lara, coordinadora de la campaña de
agricultura sustentable y transgénicos de Greenpece México.
Científicos como la Dra. Elena Alvarez Bulla, del Instituto Nacional de
Ecología, señalan que “la liberación de semillas patentadas, que podrían
introducirse por flujo génico a las variedades criollas de maíz debido la
polinización abierta que caracteriza a este cultivo y al intercambio de
semillas, abren el paso a que las empresas dueñas de los transgenes exijan
derechos sobre acervos de semillas de maíz criollo a cualquier agricultor. Ni la
Ley de Bioseguridad ni el actual Reglamento establecen responsabilidades por
contaminación para los dueños de las semillas patentadas. Además, la actual
legislación podría cancelar la posibilidad de acceder a mercados órganicos que
exigen ausencia de transgénicos a los productores que actualmente cultivan sin
insumos”.
“México, por ser centro de origen del maíz, debe mantener la moratoria a las
siembras experimentales, pues las investigaciones científicas y las experiencias
en otros países que han implementado este tipo de tecnologías, han demostrado la
imposible coexistencia de maíces convencionales y maíces transgénicos”, concluyó
Lara.
Notas:
1. Manifiesto por la protección del Maíz Mexicano. Septiembre de 2006. El
Universal. Inserción pagada.
2. Artículo 20 de la LBOGM: “Se crea el Consejo Consultivo Científico de la
CIBIOGEM que fungirá como órgano de consulta obligatoria de la propia CIBIOGEM
en aspectos técnicos y científicos en biotecnología moderna y bioseguridad de
Organismos Genéticamente Modificados”.
Para mayor información comunicarse con Enrique Pérez (ANEC) a los tels.
5661-5914, 5662-9297 y 04455-1644-6708 o con Raúl Estrada (Greenpeace) a los
tels. 5530 2165 ext. 120 y 044-55-3396-4654
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