Se cumple una década de la inconsulta y arbitraria construcción del complejo hidroeléctrico Urrá I, proyecto que afectó la vida de miles de campesinos, pescadores e indígenas que han sido obligados en nombre del “desarrollo” capitalista a abandonar sus tierras, a sufrir los horrores del desempleo, el desplazamiento y la miseria.

DECLARACION PÚBLICA DE LOS PUEBLOS LATINOAMERICANOS AFECTADOS POR REPRESAS FRENTE AL DESARROLLO HIDROELÉCTRICO EN EL ALTO SINÚ

Se cumple una década de la inconsulta y arbitraria construcción del complejo hidroeléctrico Urrá I, en el Departamento de Córdoba, norte de Colombia, proyecto que afectó la vida de miles de campesinos, pescadores e indígenas que han sido obligados en nombre del “desarrollo” capitalista a abandonar sus tierras, a sufrir los horrores del desempleo, el desplazamiento y la miseria.

Paradójicamente durante el impulso de la construcción de este megaproyecto hidroeléctrico los grupos paramilitares sembraron el terror, la muerte y desolación a su paso, siendo desaparecidos, torturados y asesinados un significativo número de líderes sociales y comunitarios que denunciaron y elevaron su voz de protesta frente a los múltiples perjuicios que generaría para la vida y cotidianidad de los sectores sociales más golpeados la puesta en marcha de Urrá I. En esa época se manipuló la opinión pública nacional e internacional pretextando que Urra I sería la solución definitiva al problema de las inundaciones producidas por el desbordamiento del río Sinú que agudiza el drama de miles de cordobeses que año tras año sufren la pérdida de sus cultivos de pancoger, animales y enseres. Urrá como el resto de los demás proyectos hidroeléctricos que se construyen en los países oprimidos no es otra cosa que la expresión de la mayor penetración del capital imperialista, donde unos pocos forran sus bolsillos de dinero a costa de la explotación y sufrimiento de la mayoría.

Los proyectos hidroeléctricos sobre la cuenca del río Sinú hacen parte del plan de expansión energético colombiano que busca aumentar las ganancias de las clases dominantes a partir del comercio de la energía. El actual gobierno ha desempolvado el proyecto de construir Urrá II, y se vende ante la opinión publica, nacional e internacional como proyecto Río Sinú: control definitivo de inundaciones; a pesar de los compromisos suscritos con autoridades indígenas del Pueblo Emberá Katío en los años 2000 y 2005 de no considerar hacia el futuro la construcción de dicho proyecto, pues las declaraciones de voluntad del Estado colombiano no son más que promesas hipócritas que encubren sus verdaderos intereses de explotación económica y opresión política.

En el marco del IV encuentro de la Red Latinoamericana de Afectados por represas en la ciudad de Santa Cruz de Lorica (Córdoba), los Cabildos Mayores del Río Sinú y Río Verde, Resguardo Emberá Katío del Alto Sinú (CAMAEMKA) y la Asociación de Productores para el Desarrollo Comunitario de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú (ASPROCIG), con el respaldo solidario de las demás organizaciones participantes nacionales e internacionales

EXIGEN:

1. El cumplimiento inmediato de los Acuerdos suscritos con las autoridades del Pueblo Emberá Katío del Alto Sinú, el 19 de abril de 2000 y del 8 de abril de 2005 donde expresamente se declara por los voceros del gobierno colombiano no considerar en los planes de expansión energética la construcción del complejo hidroeléctrico Urrá II.

2. El cumplimiento sin mayores dilaciones de las sentencias de revisión de tutela expedidas por la Corte Constitucional colombiana en 1998 y 1999, que protegen fundamentalmente los derechos al Medio Ambiente y la consulta y participación activa en las decisiones sobre extracción de recursos naturales que afectan a campesinos, pescadores, colonos e indígenas que habitan en las inmediaciones del Río Sinú a lo largo de su curso.

3. El desmantelamiento de la hidroeléctrica Urrá I y la compensación por la afectación de las fuentes de sobrevivencia para el conjunto de la población de campesinos, pescadores, colonos e indígenas que dependían de la utilización de las especies reofilicas y del aprovechamiento de la biodiversidad que en sus condiciones naturales ofrecía el Río Sinú.

4. Las sanciones penales para los autores intelectuales y materiales de las desapariciones, torturas y asesinatos de líderes sociales y comunitarios que fueron víctimas del flagelo paramilitar por su férrea oposición a la extracción de recursos naturales de sus territorios.

5. Al Estado colombiano la adopción en la legislación interna de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, el respeto irrestricto a la ley 21 de 1991 en materia de consulta previa a las autoridades indígenas de los Pueblos Emberá Katío y Zenú.

6. La inmediata desmilitarización del Resguardo Indígena Emberá Katío del Alto Sinú quienes en la dinámica del conflicto armado han visto afectados sus derechos individuales y colectivos como población indígena.

7. La constitución y acompañamiento de una comisión de expertos independientes que realice un estudio sobre los impactos de Urrá I que demuestre de manera clara y objetiva a la opinión público nacional e internacional los perjuicios ocasionados a la población de campesinos, pescadores e indígenas.

8. El diseño de una política pública que sancione penal y disciplinariamente a los funcionarios del Estado que pasen por alto los mecanismos legales sobre consulta previa y que autoricen la explotación de recursos naturales en zona de resguardos indígenas a pesar de la negativa de las autoridades de dichos pueblos.

9. Restitución al dominio público de los ecosistemas de humedales que han sido desecados por latifundistas y terratenientes, lo que agudizado las inundaciones en la cuenca del Río Sinú.