En medio de esta mordiente crisis que corroe la Nación y en que, según las encuestas, la mayor preocupación de los españoles es el paro, el mediático juez, Garzón, parece que no tiene otro mayor quehacer, que ocuparse de hechos políticos raros y extraños. Y, eso sí, mientras, los juzgados languidecen atorados de expedientes, faltos de reactivación y resolución.

Se introdujo en asuntos internos argentinos y chilenos, naciones a las que no defendimos y libramos de sus tristes dictaduras, y, ahora, se pone a remover los muertos de un solo bando de la Guerra Civil, periodo terrible, archidoloroso y tremendo, que los españoles quisieron y quieren, con el consenso de la Transición, dejar en la misericordia de la memoria y depositados en las tenues manos del perdón cristiano, sin que se hurguen y se toquen innecesariamente. En estos momentos de agobio y retroceso, al español, no le interesa conocer el certificado de defunción de Franco, ni de Mola, ni de otros que los sabe muertos y enterrados; quiere y exige que se ataje la crisis económica con eficiencia y rapidez, se cree empleo para todos, aumente el saldo de la Seguridad Social, se solvente el problema de los mileuristas y que el juez y los tribunales se ocupen de los violadores, terroristas y mangantes. Está claro que se mueve por motivaciones políticas a instancias del poder, para distraer.

No hay hoy necesidad de declaraciones de competencia para investigar unos crímenes de sobra sabidos de aquel horrible descalabro. Ello echa por tierra la legislación vigente; fuentes jurídicas señalan que el auto de este histriónico juez anula, por un prurito, la ley de amnistía que cimienta la Constitución del 78 y hasta su propia estabilidad vigente; para ello, se acoge a sentencias de tribunales a los que España no pertenece y a Convenciones y leyes penales que no se pueden aplicar con retroactividad. La tipificación de 'crimen contra la humanidad' en derecho internacional se produjo con el Estatuto del Tribunal de Nuremberg de 1945, por lo que los sucesos de nuestra guerra no se pueden sancionar como tal delito y, en fin, no recuerda que el Estado Español se adhirió en 1968 al Convenio para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y, precisamente, en aquella ocasión, nadie ni ninguna nación puso obstáculo alguno a esa adhesión.

Todo esto, no parece ser más que señal e indicio de que el sistema fenece; conforme a los movimientos pendulares de la historia, estamos en el final de una época; el sistema jurídico, económico y político fenece. La división y autonomía de poderes no se ha respetado, la economía se derrumba entre excesos, lucros y manejos y la democracia adulterada se extingue embebida por la desaforada sed de poder y dominio, únicamente, nos ha dejado el dar el voto pasivo y, una vez depositado, sólo nos atañe acatar lo mandado y tragar la partitocracia. Fácil es en un trance así, convertir lo democrático en dictatorial.

M. Berceo