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Las primeras voces denunciando la existencia de un fenómeno de violencia
doméstica se dieron a conocer a la luz pública a través de los medios de
comunicación en 1983.
Según las primeras estadísticas del Ministerio de Interior, en 1984 se
presentaron en las comisarías de policía españolas 16.070 denuncias por malos
tratos, si bien estudios llevados a cabo por el propio Ministerio demostraron
que esta cifra sólo representaba, aproximadamente, entre un 5 y un 10% de los
casos que se producían, dadas las circunstancias de ocultación social que
caracterizan este tipo de violencia.
El cambio legislativo operado por la Ley Orgánica 1/2004 obligó a diferenciar no
sólo a nivel normativo, sino también estadístico, los conceptos de violencia de
género y de violencia doméstica no de género, de forma que los datos
correspondientes al año 2006 pueden considerarse los primeros que diferencian
con un mínimo de rigor ambos supuestos.
No obstante, el nivel de denuncias se aleja todavía del nivel real de violencia.
Según la macroencuesta realizada en el año 2006 por dicho Instituto, el 9,6% de
las mujeres sufren algún tipo de maltrato, siendo Castilla La Mancha la
comunidad autónoma con mayor porcentaje (11,50%), en tanto que La Rioja presenta
la cifra más baja (7,3%).
La Fiscalía General del Estado, en su Memoria del año 2006, recoge también
numerosos datos estadísticos que revelan la situación del problema en los
juzgados españoles. Dentro de estos se pone de manifiesto como cada vez con más
frecuencia se detectan supuestos de malos tratos a mujeres inmigrantes por parte
de sus parejas, concurriendo en muchos casos una especial situación de
desvalimiento dada la situación de irregularidad en la que se encuentran.
El Defensor del Pueblo califica en su memoria del 2006 de "frustrantes" los
datos respecto a las expectativas de lucha contra la violencia de género que se
tenían con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004.
En ese año fueron 69 las víctimas mortales de la violencia de género, frente a
las 61 del año 2005, lo que supone un incremento del 13,11%. El 70,59% de estas
era de nacionalidad española y el 29,41% provenía de otros países.
Por lo que respecta a los agresores homicidas, el 76,81% eran españoles, frente
a un 23,19% de extranjeros. El 66,7% de los autores fueron detenidos tras
cometer el crimen y el 1,45% logró huir. Del resto, el 21,74% se suicidó y un
10,10% lo intentó.
Según el informe del Servicio de Inspección sobre la actividad de los órganos
judiciales sobre violencia doméstica del Consejo General del Poder Judicial, en
el segundo trimestre de 2007 se presentaron 31.789 denuncias: el 11,5%
corresponden a la propia víctima, el 0,3% fueron efectuadas por sus familiares,
el 78,20% por la policía, el 9,3% por los servicios médicos y el 0,7% por los
servicios de asistencia de terceros. Se produjeron 3.228 renuncias al proceso,
lo que supone una de cada diez.
A pesar de todos los avances que se han hecho, de las campañas de información y
del aumento de denuncias, la mayoría de las instituciones que realizan estudios
sobre este tema creen que todavía estamos ante "la punta del iceberg". Lo cierto
es que este tipo de violencia no cesa y que a 30 de noviembre de 2007 la cifra
de mujeres asesinadas por sus parejas asciende a 70.
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