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Agrupaciones ambientalistas y sociales exigieron hoy al gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires el cumplimiento de la Ley de Basura Cero. Su reclamo sucede
luego de que funcionarios dieran varias señales contrarias a la implementación
de la normativa sancionada en noviembre de 2005 sobre la gestión ambiental del
servicio público más importante que administra la ciudad, el de recolección y
disposición de residuos sólidos urbanos.
María Eugenia Di Paola, directora de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales
(FARN), encabezó la conferencia de prensa en la que solicitó que sea respetado
el acceso a la información pública sobre los nuevos pliegos para licitar el
servicio. "El cambio de criterio de zona limpia a pago por peso coloca a las
empresas en la lógica opuesta a la Ley, va a ser más negocio mientras menos
basura se recicle", advirtió por su parte Juan Carlos Villalonga, director
ejecutivo de Greenpeace.
El sistema de zona limpia se implentó de acuerdo con el espíritu de la Ley 1.854
de Basura Cero, para evitar justamente que las empresas especulen con que una
mayor recolección que termine en los rellenos sanitarios sea más dinero para su
ganancia. Esto debía estar articulado con la separación de residuos en origen
que debe realizar todo ciudadano, para lo cual se estableció el sistema de doble
contenerización donde el vecino puede dejar en el recipiente adecuado el
material reciclable.
Sin embargo, desde la gestión PRO los rumores se transformaron en trascendidos a
la prensa y estos parecen riesgosamente traducirse en el pliego de servicio de
higiene urbana que presentará el gobierno de la ciudad. "La recolección
diferenciada de basura le sale mucha plata al Estado y no sirve para nada,
porque cuando se abren los contenedores, todos los residuos están mezclados.
Tampoco vamos a gastar plata en una campaña de concientización de la sociedad,
porque el sistema evidentemente fracasó", fue la declaración de ayer a Clarín
del ministro de Espacio y Ambiente Juan Pablo Ricardo que causó indignación
entre los ambientalistas.
Para Villalonga, se trata de un "argumento perverso" ya que le echa la culpa a
la gente por el fracaso cuando el gobierno no garantizó que existan campañas de
comunicación que expliquen las razones del sistema. "Falló porque no hubo
educación y si no se educa a los vecinos como hicimos en Palermo no es posible
cumplirlo", expresó Cristina Lescano de Cooperativa El Ceibo.
¿Reciclaje cero?. De hecho, el artículo de Clarín reconoce que "en los pliegos
nuevos de contratos de recolección de basura que prepara el Gobierno de la
Ciudad, no se habla de separación, de recolección diferenciada ni de reducción".
Para la visión del funcionario: "La razón es que no debe mezclarse limpieza con
reciclado. Las empresas se encargarán de la recolección y será el Estado el que
tomará a su cargo la Ley de Basura Cero, que por ahora evidentemente no
funciona, porque durante 2007 la cantidad de basura que los porteños envían a
los rellenos sanitarios no sólo no disminuyó, sino que creció un 10".
Claro, uno puede preguntarse con toda razón cómo se realizará el reciclaje sin
"gastos en concientización" y con incentivos para las empresas recolectoras para
llevarse más basura. Mucho menos se entiende si es cierta la información del
recuadro de Clarín, puesto que si "en el macrismo aseguran que no se modificaría
el monto que hoy la Ciudad invierte en la recolección de basura, que es de 700
millones de pesos, pero que la Ciudad estará más limpia", no se entiende el
argumento de que es un sistema más caro, cuando costará lo mismo y no se obliga
en el pliego a hacer campañas de comunicación.
“El problema de los residuos no puede ser abordado -como lo hace el gobierno
macrista- como un tema estético, requiere de una gestión integral", manifestó en
el comunicado Di Paola. También Villalonga criticó en el mismo documento: "El
Ministro Piccardo utiliza una lógica perversa, no está dispuesto a realizar una
campaña pública de divulgación del sistema y luego argumenta que la culpa es de
los vecinos que no separan".
Información cero. Pero el gran problema es que si queda la esperanza de que el
gobierno tenga un novedoso plan maestro que hará cumplir la Ley por sus propios
métodos, no es posible probarlo porque existe escamoteo y escasez de información
pública sobre el tema. Por ello, las organizaciones FARN, Greenpeace, GAIA,
Fundación Metropolitana, CIPPEC, ADC, Fundación Ecologista Verde, Fundación Vida
Silvestre y las Cooperativas El Ceibo y El Álamo le solicitaron que "garantice
la transparencia y la participación ciudadana en los nuevos contratos para la
recolección de residuos".
No ha habido en este sentido avances sino más bien retrocesos desde la última
reunión de la Comisión de Seguimiento de la Ley, que incluyó la lectura sobre un
nuevo reglamento que se objeta por restringir el protagonismo de la sociedad
civil en un proceso que necesita justamente de que la población se involucre. En
última instancia, pareciera que el gobierno no quiere que se difundan los
contenidos de la normativa, para poder actuar por fuera de ella: "Hoy la gestión
es ilegal", denunció Villalonga, y manifestó que la ley le da tranquilidad solo
a la CEAMSE.
Cecilia Allen, de la Alianza GAIA, advirtió que estamos volviendo a la situación
de colapso del 2004, cuando la gente se levantaba frente a la posibilidad de que
se instalen nuevos rellenos sanitarios en la provincia de Buenos Aires. "Están
coqueteando con la incineración", expresó frente a la otra posibilidad, la
solución mágica que intenta también presentar el macrismo, un negocio que deja a
un lado la valorización socioeconómica y ambiental de los residuos.
¿Reducción? En definitiva, las noticias que se dejaron trascender a través de
los medios son malas: cambio en el servicio de recolección y abandono de la
posibilidad de concienciar a los ciudadanos para la separación en origen. "La
primera medida ambiental de la gestión de Mauricio Macri", según comenzó su
artículo Página 12, sobre un reglamento que simula una ley de envases, puede ser
favorable si aplica el principio de responsabilidad ampliada del productor, pero
en el marco de incertidumbres no puede decirse si forma parte de una buena
política integral.
Acerca del argumento de que la utilización de residuos de poda y escombros para
relleno representa un diez por ciento, Allen los contradijo al decir que era
solo un 2,5 por ciento de la basura, y que ya se recogía por separado. Elisa
Montoya de Cooperativa El Alamo mantiene por su parte la esperanza, ya que la
presión social de los cartoneros será la que hará cumplir sí o sí la ley, ya que
de ello depende el trabajo de ocho mil personas.
Frente a la posición del PRO de que las ONGs y la oposición "agravaron el
problema" porque menciona que la generación de residuos aumentó pero no menciona
que se sentaron las bases para que este gobierno, si hace las cosas bien, pueda
cumplir los objetivos. Por ello, la columna "Promover la incineración es
retroceder décadas" de Allen y Villalonga advierte que si vamos mal estaremos
peor si no se cumple con las disposiciones de la Ley Basura Cero.
Confianza Cero. Es preocupante el cinismo del jefe de Gabinete de Piccardo,
Fabián Rodríguez Simón, que volvió a contradecirse al expresar en la reunión de
seguimiento que no se pensaba en la incineración, y al decir ahora que se trata
de un método "absolutamente limpio" y casi hasta bueno para el medio ambiente,
porque produciría energía, claro, sin contar la que consume. "El gobierno de la
Ciudad solo está dispuesto a soluciones simplistas que no tienen en cuenta la
salud de la población ni los impactos ambientales", es la opinión pesimista de
los dirigentes.
En vez de confundir a la ciudadanía con cambios en el sistema de recolección de
residuos sin concientización ambiental, estaría bueno profundizar lo que estaba
encaminado en la gestión anterior. No pueden negarse los errores y los retrasos,
pero lo que las organizaciones perciben es que no existe voluntad política para
llevar adelante el reciclaje.
Educar lleva su esfuerzo y tiempo, pero bien vale la pena para lograr una
sociedad sustentable. Las organizaciones esperan también agotar todas las
instancias posibles de diálogo, que fueron frenadas por las trabas a la comisión
de seguimiento, antes de acudir a la vía judicial ya que, en definitiva, se
trata de cumplir la ley, como le gusta decir a la gente pro. www.ecoportal.net
Comunicación ambiental
http://comambiental.blogspot.com/
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