En 2007 las emisiones de gases de invernadero aumentaron un 2,8% respecto al año base y un 1,8% respecto al año anterior.
El Protocolo de Kioto en España implica que el promedio de las emisiones de gases de invernadero en el periodo 2008-2012 no puede superar en más de un 15% las del año base 1990. Pero las emisiones ya alcanzan el 52,3%, tras el aumento de 2007. Las emisiones del año base eran de 289,9 millones de toneladas de CO2 equivalentes y la emisiones en el año anterior (2006) fueron de 433,3 millones de toneladas de CO2 equivalente. En 2007 han sido de 441,4 millones de toneladas.

El incumplimiento del Protocolo de Kioto puede costar cerca de 4.000 millones de euros a lo largo de los próximos cinco años, si no se producen importantes medidas nuevas y adicionales, o se agrava la recesión provocada por la crisis del sector de la construcción, que actuó como locomotora de la economía española a lo largo de la última década.

Las emisiones de gases de invernadero en dióxido de carbono (CO2) equivalente en España han aumentado un 52,3% en el año 2007 respecto a 1990. El aumento de las emisiones de los seis gases y para todos los usos en el año 2007 no puede imputarse a un año hidráulico relativamente malo, dado que la producción hidroeléctrica fue un 6,4% superior a la del año 2006.

El consumo de energía primaria aumentó en 2007 un 1,8%, aunque el consumo de carbón creció un 8,8% y el de gas natural un 4,3%, mientras que el consumo de petróleo, a causa del aumento de los precios, apenas creció un 0,7%.

España es el país industrializado donde más han aumentado las emisiones. Con este escenario es muy difícil cumplir el Protocolo de Kioto en un sentido estricto, el principal acuerdo para proteger el medio ambiente y el clima, por lo que habrá que comprar el derecho a contaminar más a otros países. Según nuestras previsiones, realizadas a partir del análisis detallado de las políticas adoptadas por el Gobierno y los escenarios contemplados en los diversos planes ministeriales, elaborados en la pasada legislatura, para el periodo 2008-2012 las emisiones en España superarán en un 45% a las del año base, en el mejor de los casos, y no se logrará el objetivo previsto en el II PNA (un 37% de más respecto al año base, cifra ya de por sí considerablemente alta, frente al 24% del primer PNA o el 15% de Kioto), por lo que deberemos acudir a los tres mecanismos de flexibilidad contemplados en el Protocolo de Kioto, lo que supondrá un coste de cerca de 4.000 millones de euros para las empresas y el Gobierno, y en última instancia para toda la ciudadanía, que es la que paga los impuestos y las tarifas eléctricas donde se repercutirán los costes incurridos por la falta de previsión, acción y voluntad política durante los años siguientes a la firma del Protocolo de Kioto.

En la última legislatura se aprobó la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia. Horizonte 2007-2012-2020, la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética 2004-2012 (E4), el Plan de Acción de la E4, el Código Técnico de la Edificación, el Plan de Energías Renovables para el periodo 2005-2010 (PER), dos Planes Nacionales de Asignaciones (PNA), la Revisión 2007-2016 de la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas y el Plan Nacional de Reducción de Emisiones. Igualmente ha aumentado la conciencia de la población, y diversas administraciones y empresas empiezan a tomar en consideración el desafío del cambio climático.

Los dos Planes Nacionales de Asignación de emisiones de CO2 derivados de la aplicación de la Directiva Europea de Comercio de Emisiones, elaborados por el gobierno socialista, contemplaban un escenario de crecimiento de las emisiones del 24% el primero y un 37% el segundo PNA para ese mismo periodo, es decir, muy por debajo de la tendencia señalada, pero muy por encima del compromiso de España en el marco del Protocolo de Kioto.

La subida del petróleo y otros combustibles en el mercado internacional en parte ha paliado algo la situación, pero a costa de un grave deterioro de nuestra balanza comercial, sin duda uno de los principales problemas de nuestra economía, junto a la dependencia del sector de la construcción, el retraso tecnológico y la baja competitividad de muchos de los sectores productivos, con notables excepciones, como por ejemplo las energías renovables (eólica y solar). El barril de petróleo tipo Brent tuvo una cotización media de 90,9 dólares en diciembre de 2007, frente a los 65,1 dólares en 2006, o los 54,4 dólares en 2005. El barril del crudo Brent, de referencia en Europa, para entrega en junio de 2008, cotizó a 123,65 dólares. Sin el aumento espectacular de los precios del petróleo las emisiones estarían desbocadas.

El consumo de energía primaria en España ha pasado de 91,8 Mtep (millones de toneladas equivalentes de petróleo) en 1990 a 147,19 Mtep en el año 2007 (un 60,3% de aumento). En 2007 la dependencia energética alcanzó el 79,3%, a pesar de que en la producción nacional se incluye la energía nuclear, lo que no es riguroso ya que el combustible (uranio) es importado.

La Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2007-2016, estima que el consumo de energía primaria será de 155,5 Mtep en el año 2011 Y 164,95Mtep en 2016. El consumo de carbón disminuiría de 20,17 Mtep en el año 2007 (13,7% del consumo de energía primaria) a 13,91 Mtep en 2011 (8,9%) y 13,22 Mtep en 2016 (8%), el de petróleo pasaría de 71,33 Mtep en 2007 (48,5%) a 69,52 Mtep en 2011 (44,7%) y 69,6 Mtep en 2016 (42,2%), el gas natural de 31,6 Mtep (21,5%) en 2007 a 36,39 Mtep (23,4%) en 2011, la energía nuclear se mantendría en términos absolutos (de 14,36 Mtep a 15,37 Mtep en 2016) y disminuiría en términos relativos (del 9,8% en 2007 al 9,3% en 2016), y las energías renovables deberían alcanzar el 13,1% previsto en el año 2011, pasando de 10,2 Mtep en 2007 (6,9%), incluida la hidráulica, a 20,3 Mtep en 2011 (13,1%) y 25,8 Mtep en 2016 (15,6%).

Si se cumplen estas previsiones del Gobierno, que ya exigen un gran esfuerzo en eficiencia y energías renovables, las emisiones se mantendrán en los niveles actuales, o disminuirán ligeramente hasta el 45% por encima del año base 1990 corregido (el triple del compromiso en el marco del Protocolo de Kioto), lo que haría difícil cumplir el Protocolo de Kioto, y obligaría a adquirir cerca de 100 millones de toneladas de CO2 equivalente al año (unos 500 millones de toneladas durante el periodo 2008-2012) cuyo coste, en el mejor de los casos, ascendería a unos 700 millones de euros anuales y unos 3.500 millones de euros en el periodo 2008-2012, siempre que la mayor cantidad corresponda a proyectos del denominado Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), y considerando las mejores circunstancias. En cualquier caso, la cifra final probablemente ascienda a cerca de 4.000 millones de euros según nuestras estimaciones.

Emisiones de dióxido de carbono (CO2)
Las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en España aumentaron un 2,5% en 2007 respecto a 2006, y entre 1990 y 2007, sin incluir los sumideros, crecieron un 61,3%, pasando de 228,5 millones de toneladas en 1990 (año base) a 368,6 millones de toneladas en 2007. En 2007 representaron el 83,5% de las emisiones brutas de gases de invernadero en España, sin incluir los sumideros. El 93% de las emisiones se debe al consumo de combustibles fósiles en centrales térmicas, vehículos, industrias, comercios y viviendas, y el 7% restante en gran parte se debe a procesos industriales sin combustión, fundamentalmente la fabricación de cemento.

Emisiones de metano (CH4)
En 1990, año base, se emitieron en España un total de 28 millones de toneladas de metano en unidades de CO2 equivalente, mientras que en 2007 se llegó a 37,5 millones de toneladas en unidades de CO2 equivalente, con un aumento del 33,7%. El metano representó en 2007 el 8,5% de las emisiones brutas de los seis gases de invernadero, en dióxido de carbono equivalente sin incluir los sumideros. La emisión de metano se debe a la fermentación entérica (36% del total), la gestión del estiércol (26%), los vertederos (22%), la minería del carbón (2,5%), emisiones fugitivas del petróleo y el gas natural (1,7%), y las aguas residuales (5,9%). Los cultivos de arroz emiten cantidades muy pequeñas (0,8%). El potencial de calentamiento de una molécula de metano (CH4) equivale a 21 moléculas de CO2 equivalente, según el IPCC de 1995, que es el empleado por los países que ratificaron el Protocolo de Kioto.

Emisiones de óxido nitroso (N2O)
Las emisiones de óxido nitroso (N2O) en España en 1990, año base, ascendieron a 27,8 millones de toneladas en unidades de CO2 equivalente, y representaron el 6,6% de las emisiones de gases de invernadero en España en 2007, sin incluir los sumideros. Las mayores emisiones se debieron a los fertilizantes aplicados a los suelos agrícolas (65%). El resto corresponde al sector energético (15%), la gestión del estiércol (10%), las aguas residuales (4%) y la industria química (5,2%). El potencial de calentamiento de una molécula de óxido nitroso (N2O) equivale a 310 moléculas de CO2 equivalente, según el IPCC de 1995, que es el empleado por los países que ratificaron el Protocolo de Kioto.

Emisiones de carburos hidrofluorados (HFC)
Los HFC han sustituido a los CFC que destruyen la capa de ozono, y se emplean fundamentalmente en equipos de refrigeración y aire acondicionado, extintores de incendios y aerosoles. Los HFC no dañan la capa de ozono, pero son potentes gases de invernadero. Los HFC comprenden los HFC-23, HFC-32, HFC-125, HFC-134ª, HFC-143ª, HFC-227ea, y HFC-236fa. En 1995, año base a efectos del Protocolo de Kioto, se emitieron 4.645.440 toneladas de CO2 equivalente, mientras que en 2007 las emisiones fueron 5.497.320 toneladas de CO2 equivalente. Al igual que en el pasado se eliminaron los CFC, hoy urge suprimir los HFC, productos fácilmente sustituibles en refrigeración, extintores y aerosoles, y sin embargo no se ha hecho nada. Siempre es más fácil comprar un video de Al Gore a un precio prohibitivo o irse de cumbre en cumbre por los cinco continentes con un amplio cortejo a cuenta del contribuyente, que adoptar una medida tan simple como eliminar los HFC. En 2007 representaron el 1,25% de las emisiones totales brutas de gases de invernadero en España (sin incluir los sumideros). El potencial de calentamiento de una molécula de HFC varía mucho según el producto; el del HFC-23 (CHF3) equivale a 11.700 moléculas de CO2 equivalente, según el IPCC de 1995, que es el empleado por los países que ratificaron el Protocolo de Kioto.

Emisiones de carburos perfluorados (PFC)
La práctica totalidad de las emisiones de carburos perfluorados se debe a la producción de aluminio. Los PFC comprenden los CF4, C2F6, C3F8 y C4F10. En 1995, año base para los compromisos adquiridos en el Protocolo de Kioto, se produjeron en España 108 toneladas de CF4 y 9,5 toneladas de C2F6 (832.510 toneladas de CO2 equivalente). Las emisiones desde entonces han disminuido, siendo equivalentes a 248.450 toneladas de CO2 equivalente en 2007. En 2007 representaron el 0,06% de las emisiones totales brutas de gases de invernadero en España. El potencial de calentamiento de una molécula de PFC varía, de 6.500 a 9.200 moléculas de CO2 equivalente, según el IPCC de 1995.

Emisiones de hexafluoruro de azufre (SF6)
El hexafluoruro de azufre (SF6) se emplea en equipos eléctricos. En 1995, año base para el Protocolo de Kioto, se emitieron 108.340 toneladas de CO2 equivalente, y en 2007 las emisiones aumentaron hasta llegar a 321.670 toneladas de CO2 equivalente. En 2007 representaron el 0,07% de las emisiones totales brutas. El potencial de calentamiento de una molécula de hexafluoruro de azufre (SF6) equivale a 23.900 moléculas de CO2 equivalente, según el IPCC de 1995.

Emisiones totales en dióxido de carbono (CO2) equivalente en España
Las emisiones por habitante siguen siendo inferiores en un 10% a la media de la Unión Europea, y en los últimos años un factor destacable es el aumento de la población, a causa de la importante inmigración, algo que no se tuvo en cuenta cuando se negociaron los compromisos de España en el seno de la burbuja comunitaria encaminada a cumplir el Protocolo de Kioto. Pero las emisiones por habitante españolas hoy son superiores en un 36% a la media mundial, por lo que la aparente defensa de las emisiones por habitante, utilizada por el Gobierno para justificar el aumento de las emisiones, se puede volver en su contra, en el marco de la negociación postkioto, porque la actitud más ética y sostenible es la convergencia y la contracción, evitando reclamar el derecho a contaminar más cuando ya se contamina muy por encima de la media.
(continua...)

Fernando Rodrigo Cencillo es secretario confederal de Medio Ambiente y Salud
Laboral de CC.OO. José Santamarta Flórez es director de la edición española
de la revista World Watch.