Un Estado de Derecho ha de prevenir y actuar; el ataque y agresión en sucesión continua aterra y amordaza; la libertad y la dignidad de la mujer son intocables y sagradas, así como, el respeto absoluto a la vida de la persona. Los violadores, maltratadotes, asesinos de mujeres y los terroristas merecen el castigo riguroso y aplicación de las penas máximas. Si hay que corregir o reformar el Código Penal, hágase con urgencia, para eso está el Legislador, para eso, las instituciones nacionales. La sangría criminal y la muerte constante de mujeres no se pueden consentir.

El fenómeno de las violaciones en grupo se produce con demasiada frecuencia, aunque haya voces de conveniencia y bien pagadas que, extendiendo sus opiniones relativas y oportunistas, lo intenten tergiversar. Se ha denunciado estos días, que tres extranjeros en situación irregular en España, cuyas nacionalidades no ha facilitado la Policía, condujeron a una mujer a un descampado de Santander, la emborracharon y la violaron sucesivamente; allí abandonada, despertó con la ropa manchada de sangre y fuertes dolores. El 27 de julio pasado, cuatro menores magrebíes tutelados en un piso de acogida de Tolosa abordaron en un solar a una pareja de novios entretenidos en amores, y mientras uno de ellos violó a la chica, el resto agredió al joven compañero. Una semana después, otros tres menores magrebíes que son delincuentes habituales, robaron y violaron a una mujer en San Sebastián.

La gente se pregunta por qué la Fiscalía, habiendo sido denunciados con anterioridad, no ha intervenido e impuesto el régimen cerrado; qué tipo de supervisión y vigilancia reciben estos menores en tutela del Estado, que pueden salir y andorrear por las calles sin reparo ni detención; qué sentido tiene la acogida y la política de integración. Es un recuso fácil de demagogos al servicio del estamento gobernante tildar de xenofobia la denuncia, la repulsa y condena de estos hechos cometidos por inmigrantes ilegales en nuestro suelo.

Ya Rajoy, hace tiempo, expresó la necesidad de deportar a este tipo de delincuentes, que entran sin permiso y sin trabajo; ahora, un diputado socialista y concejal del Ayuntamiento de San Sebastián, Ernesto Gasco, ha propuesto, sin cautelas, la expulsión de los inmigrantes que cometan violaciones y abusos sexuales, incluidos los menores de edad tutelados por el Estado. "Las leyes, dice, no pueden permitir que individuos que cometen delitos de estos, aunque sean menores de edad, tengan una serie de privilegios, como el de su permanencia aquí por su minoría"; "los centros de acogida tienen que ejercer "mayor control" de estos menores, que no pueden campar a sus anchas en horarios nocturnos, cuando la sociedad guipuzcoana está siendo solidaria y les paga la manutención" (Redacción MD). Esta declaración del diputado socialista resulta enormemente valiente y significativa, por cuanto, al abordar de frente esta realidad, rompe la disciplina de partido.

La permisividad con la delincuencia, en especial, la extranjera, es expresión de la dejadez y del papanatismo miope y populista que nos corroe; ese buenismo insulso coarta la libertad e igualdad de la ciudadanía, suscita el temor, el rechazo y la alarma sociales. Se impone el acometer la reforma legal que contemple el que estos delincuentes sean automáticamente puestos fuera de España.

M. Berceo