A la pregunta de por qué no se trató de prohibir también la venta del Paraquat en Nicaragua, la Dra. Berroteran contestó que “ese tipo de medida se toma en base a diferentes criterios, como por ejemplo la relación entre plaguicidas e intoxicaciones ocupacionales o la falta de alternativas, como es el caso del Fosfuro de Aluminio en el almacenamiento de los granos.

El uso del Paraquat en Nicaragua está restringido a través de la Resolución Ministerial 23/2004 “Clasificación de productos para el control de plaguicidas, sustancias tóxicas y peligrosas”, pero sigue encabezando la lista de agrotóxicos responsables de la mayoría de las intoxicaciones voluntarias por intento de suicidio, al mismo tiempo que se sigue permitiendo su uso en la producción de caña de azúcar, café, algodón, entre otros.

En el marco del II Congreso Nacional de Toxicología Clínica, la Dra. Jacqueline Berroteran, responsable de Plaguicidas y Salud Ocupacional del Centro de Información Vigilancia y Asesoramiento Toxicológico (CIVATOX) del Ministerio de Salud (MINSA), presentó un estudio sobre las intoxicaciones por Paraquat en Nicaragua.

“A lo largo de tres años (2005-2008), se elaboró una ficha de registro de casos de intoxicaciones por Paraquat en cinco hospitales del país y detectamos 388 casos de intoxicación, con una mortalidad muy alta, el 54 por ciento de los cuales en el Departamento de Matagalpa, en el norte del país. Ese dato -explicó Berroteran- está justificado por el alto uso y disponibilidad de agrotóxicos en estas zonas del norte. Con respecto a la edad de las personas intoxicadas, se detectó un 6 por ciento entre menores de 15 años, mientras que el grupo con mayor incidencia resultó ser el de entre 15 y 25 años, que representa el 66 por ciento de los intoxicados, con una prevalencia total de hombres del 72 por ciento”.

El estudio reveló también que la intoxicación por Paraquat está fuertemente relacionada con el modo intencional, representando el 74 por ciento de los casos detectados, entre ellos el 54 por ciento como intentos de suicidios y el 20 por ciento como suicidios consumados. El restante 13 por ciento corresponde a intoxicaciones de tipo laboral y otro 13 por ciento por motivos accidentales o mal uso de la sustancia.

“Según las estadísticas de intoxicaciones a nivel nacional, formulada por el Programa de Plaguicidas del MINSA en el año 2007, el grupo de agrotóxicos que causa el mayor número de intoxicaciones es el de los organofosforados o inhibidores de la colinesterasa, como el Metamidofos, Clorpirifos y Metil Paration. El segundo grupo de mayor incidencia es el de los herbicidas, sobre todo los bipiridilos, entre ellos el Paraquat. Un tercer grupo es el de los fumigantes, donde la inmensa mayoría de las intoxicaciones son por fosfuro de aluminio y tienen carácter intencional y con un índice muy alto de mortalidad” -dijo la responsable de agrotóxicos del CIVATOX.

“Mientras en el caso de los organofosforados la mayoría de las intoxicaciones son de tipo laboral, por su alto uso a nivel agrícola y por las condiciones en que se utilizan, en el caso de los herbicidas, como el Paraquat, el principal modo de intoxicación es el intencional y en menor proporción el laboral y esta situación se refleja en casi todos los países centroamericanos. Lamentablemente se ha venido incrementando el uso del Paraquat con fines suicidas y según las estadísticas del MINSA, este fenómeno ha tenido un fuerte repunte en los últimos años, superando la incidencia de los organofosforados y del mismo fosfuro de aluminio”, recordó Berroteran.

Uno de los grandes problemas en este sentido tiene que ver con la aplicación de las restricciones al uso del Paraquat, ya que la Resolución Ministerial 23/2004 autoriza su uso “únicamente en los cultivos de café, cítricos, musáceas, arroz de secano, algodón, caña de azúcar, maíz y frijol”. Pero la realidad es mucho más compleja, ya que como tiene venta libre “cualquier persona puede llegar a un expendio y comprar el producto sin ningún problema. No hay ninguna restricción en la venta, sino en el uso, pero ¿quién puede asegurar que no se esté utilizando en otro tipo de cultivo?”, se preguntó Berroteran. “En el caso del fosfuro de aluminio se ha restringido la venta exclusivamente en establecimientos autorizados y ya no en cualquier expendio y esto ha reducido fuertemente la mortalidad y la morbilidad”.

Para fines de agosto se espera una resolución final del Ministerio de Agricultura (MAGFOR) que va a modificar la antigua disposición 23/2004, prohibiendo la molécula del Metamidofós y el Metil Paratión y operando restricciones a Endosulfán y el Fosfuro de Aluminio. Por el contrario, el Paraquat mantendrá el tipo de restricciones ya existentes, que por cierto no han dado muchos resultados.

“En esta resolución el Paraquat va a quedar de la misma forma y lo único que va a cambiar es su prohibición en algunos tipos de cultivos, como por ejemplo el arroz de inundación. Lo que se va intentar hacer es ejercer un mayor control en la venta, creando un registro de las personas que adquieren el producto”, explicó a Sirel la especialista del CIVATOX.

A la pregunta de por qué no se trató de prohibir también la venta del Paraquat en Nicaragua, la Dra. Berroteran contestó que “ese tipo de medida se toma en base a diferentes criterios, como por ejemplo la relación entre plaguicidas e intoxicaciones ocupacionales o la falta de alternativas, como es el caso del Fosfuro de Aluminio en el almacenamiento de los granos. En ese último caso lo que se hizo fue evitar la venta en agro servicios y trasladar la compra del producto solamente a grandes acopiadores, como arroceros, maniceros y grandes acopiadores de frijoles o maíz. Un producto como el Paraquat, que se utiliza en cualquier etapa de la producción, es muy difícil de controlar. Podríamos prohibir su venta, pero no estaríamos en la capacidad de controlar el cumplimiento de esta disposición.

Lo que se está tratando de hacer en la Comisión Nacional de Plaguicidas -siguió explicando Berroteran- es restablecer los Comités Departamentales de Plaguicidas, conformados por las instituciones y organizaciones de la sociedad civil, para que se haga efectiva la vigilancia en cada departamentos del país sobre qué tipo de químicos se están vendiendo y con qué características, cuáles son los problemas ambientales originados por el uso de agrotóxicos, y vigilar sobre posibles alteraciones del producto. Además, se vuelve necesario que los ministerios estén constantemente presentes en los Departamentos y que todas las instituciones se involucren en esa tarea, como prevé la Ley 274 -Ley Básica para la regulación y control de agrotóxicos sustancias tóxicas, peligrosas y otras similares-, incluyendo a la población”, concluyó la especialista del CIVATOX. www.ecoportal.net

* Giorgio Trucchi
Rel-UITA