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Informe sobre la agresión a Prefectura Naval Argentina
EL COLUMNISTA INVITADO DE HOY:
Diputados del ARI y de la Coalición Cívica, así como también dirigentes de las
llamadas “organizaciones sociales”, rápidamente se solidarizaron con los
“empleados” del casino, más ninguno de ellos se preocupó por el estado de salud
de los prefecturianos heridos, uno de los cuales agoniza. Los agresores de los
uniformados recuperaron de inmediato la libertad, mientras que el ministro
Aníbal Fernández volvió a desvincularse de sus hombres.
Los empleados del Casino Flotante de Buenos Aires mantienen un penosa contienda
con la empresa que regentea el garito —crisis que se agravó en los primeros días
de noviembre, al producirse un enfrentamiento entre dos organizaciones
sindicales— que todavía está bajo el análisis de la Confederación General del
Trabajo (CGT).
La etiología del conflicto se produjo a caballo de una oscura operación
financiera: Los españoles del grupo empresarial CIRSA, habían cristalizado el
negocio de las salas de juego en 1999. Más durante el corriente ejercicio
comercial —ocho años después de poner en marcha la empresa— los españoles
introdujeron como socio minoritario al señor Cristóbal López, un empresario del
juego patagónico, para luego cederle la totalidad de la cartera accionaria. A
cambio, CIRSA recibirá una parte del casino a construirse en Rosario, junto a un
hotel 5 estrellas y un centro de convenciones.
La mayoría de los 2.000 empleados del casino flotante están afiliados al gremio
de juegos de azar (ALEARA) y sólo un 10% lo está al gremio marítimo SOMU
(Sindicato de Obreros Marítimos Unido) —que pretende que todos los empleados se
afilien al mismo— situación esta que degeneró el viernes 9 de noviembre en un
violento enfrentamiento entre ambos gremios, cuando una asamblea que realizaban
trabajadores del casino flotante de Puerto Madero fue interrumpida por miembros
del SOMU. Una patota irrumpió en el lugar, debiendo intervenir personal de la
Prefectura Buenos Aires para restablecer el orden e intentar separar a los
bandos en pugna.
Como la escalada de la crisis se iba recrudeciendo, la Prefectura Naval
Argentina —en cumplimiento de órdenes del Ministerio del Interior— reforzó su
presencia frente a las instalaciones del casino con personal de las dos unidades
de élite con que cuenta, alternando estas guardias de prevención entre la
Agrupación Albatros y la Compañía Guardacostas.
Estos elementos diariamente tomaban posición con equipo de Control de
Disturbios, entre el predio asignado al casino Flotante y el campamento con que
los ex empleados —reforzados por un 80% más de militantes de izquierda—
mantenían bloqueado el acceso al casino.
Así se llegó a la noche del pasado martes 4 de diciembre, en que la guardia de
prevención de turno estaba a cargo de la Compañía Guardacostas, cuando un grupo
de manifestantes interceptó el automóvil de un directivo del casino que
pretendía salir del lugar, con manifiestas intenciones de agredirlo.
Ejerciendo el poder de policía y de prevención en la jurisdicción portuaria, no
le quedó más opción a Prefectura que intervenir empeñando a varios de sus
hombres que evitaron la agresión e hicieron retornar al empresario en cuestión a
la playa de estacionamiento hasta que los ánimos se aquietaran, procediendo
luego a cerrar el vallado allí instalado.
Fue en momentos en que estos hombres de Prefectura —sin escudos, ni coraza, ni
protección especial alguna— estaban cerrando el vallado cuando los manifestantes
se lanzaron sobre los uniformados —que, al tener previsto sólo tareas de
prevención, carecían de toda protección— agrediéndolos con elementos
contundentes, puntas, piedras y adoquines.
Los suboficiales fueron rodeados y apedreados por la turba organizada. Uno de
ellos recibió de un fornido encapuchado un tremendo piedrazo que impactó de
lleno en su boca, arrancándole gran cantidad de piezas dentales y provocándole
la “desfiguración del rostro”, —según el parte médico posterior— requiriéndose
la inmediata sutura de las heridas y estudios posteriores para determinar las
secuelas neurológicas del brutal traumatismo.
Mediante un procedimiento similar, dos grupos de cazadores de prefectos rodearon
también —en emboscada— al Cabo Segundo César Marconi, que fue sometido al mismo
ritual de lapidación, sólo que fue apedreado de lleno con adoquines de granito,
que impactaron en su cabeza y tórax, lo que le produjo aplastamiento de cráneo,
e intenso sangrado en ambos pulmones. Actualmente está en coma profundo grado 4,
internado en el Hospital Naval, en estado crítico y con pronóstico reservado.
Otros uniformados —son 14 los heridos— sufrieron traumatismos de cráneo, de
carácter leve.
El modus operandi revela que:
1. Se descarta que los empleados regulares del casino tengan vocación asesina.
2. El ataque fue de un “profesionalismo” notable, que denota práctica y
movimientos tácticos previamente ensayados para ponerlos en marcha en cualquier
disturbio que se produzca, como ya ocurriera en la noche del 22 de agosto, en
Plaza de Mayo, donde militantes de Quebracho —entre los que se encontraba el
montonero Roberto Cirilo Perdía— atacaron a la Policía Federal resultando cinco
uniformados heridos, uno de los cuales corrió riesgo de perder un ojo.
3. La ofensiva no fue improvisada, y sus características permiten inferir que
fue llevada a cabo por activistas de izquierda ajenos a los reclamos laborales,
según la metodología utilizada a lo largo del corriente año.
Ante tamaño cuadro de situación, y no antes —como en forma mendaz han declarado
los voceros de los agresores— el Prefecto que se encontraba a cargo ordenó
disparar gases lacrimógenos para hacer cesar la agresión a los efectivos
heridos, proceder a su rescate y evacuación antes de que terminaran con su vida.
De no haber intervenido todos estos hombres de Prefectura —seguramente— habrían
muerto asesinados a manos de los feroces criminales que los atacaron a traición.
Para el rescate de los heridos, la Compañía avanzó en formación cerrada, hombro
con hombro —como los hoplitas espartanos— y con los escudos acrílicos al frente
empezaron a empujar a los varios cientos de revoltosos, hasta que los agresores
retrocedieron fuera del puerto.
En todo momento —en honor a la verdad— los hombres de Prefectura demostraron un
alto nivel profesional y un claro apego a los procedimientos legales, sin
excesos en el uso de la fuerza pública y sin utilizar ni bastones ni balas de
goma, como ha quedado perfectamente registrado en las imágenes que Crónica TV
transmitió en directo.
Mientras esto ocurría, personal de seguridad de Prefectura procedió a la
detención de 15 asaltantes —al identificarlos fehacientemente como autores de la
agresión— para ponerlos a disposición del juez de turno.
Grotesca fue la sorpresa cuando se verificó que, de los detenidos por el pasmoso
ataque tan sólo dos individuos eran realmente empleados del casino en tanto los
13 restantes eran activista de izquierda, muy probablemente adiestrados y
organizados por el mismo personaje que dirigió el asalto contra el edificio
Cavanagh, en el famoso “escrache” contra Martínez de Hoz en marzo de 2006, en
que resultaron heridos 4 (cuatro) efectivos policiales.
Como ya se adelantó, en agosto de este mismo año —del mismo modo— la agrupación
“Quebracho” y otras tres que conforman el espacio “Patria o Muerte”, “Martín
Fierro”, “MPR Santucho” y la “Organización Libres del Pueblo” (OLP) —que lidera
el dirigente montonero Roberto Cirilo Perdía (a) “el pelado Carlos”— también
protagonizaron un hecho similar durante una manifestación en Bolívar y Diagonal
Sur de la Ciudad de Buenos Aires, en una marcha conmemorativa del 35º
aniversario de la “masacre de Trelew”, donde lesionaron de gravedad a 5 (cinco)
efectivos —también de la Policía Federal— uno de los cuales perdió la vista.
Epílogo
Sin entrar a analizar por qué el negocio del juego organizado se enseñoreó
en la ciudad de Buenos Aires —y en otras ciudades del interior— ni qué intereses
reales se esconden tras las ruletas, bingos, tapetes y tragamonedas, como así
tampoco los intereses gremiales que se disputan a los empleados como trofeo
—porque frente a lo ocurrido al personal de Prefectura es una cuestión muy
menor— vale la pena que autoridades gubernamentales y gremiales analicen qué
hacían activistas de izquierda empañando con sangre y violencia un estricto
reclamo laboral, a efectos de —como ya es costumbre— politizarlo ante la
impunidad que hasta ahora les proporciona una Justicia inoperante.
“El Gobierno nacional negó —dijeron los diarios— que existiera una orden para
desalojar a los trabajadores que acampaban afuera del Casino flotante de Puerto
Madero y que, el martes por la noche, fueron corridos con palazos y gases
lacrimógenos. El ministro del Interior, Aníbal Fernández, dijo que la Prefectura
no tenía instrucciones de reprimir y anunció sanciones para los responsables del
operativo”.
El Ministro parece desconocer que los responsables del operativo no reprimieron
a los trabajadores, sino que salvaron una vida, como hemos señalado: la del
propietario del casino —Cristóbal López— empresario amigo de Presidente Kirchner,
y defendieron la de su camaradas heridos, casi masacrados por la turba.
Quienes participaron del operativo fueron los agredidos, nunca los agresores.
Pero los activistas sindicales —por orden del Juzgado que intervino— recuperaron
misteriosamente la libertad casi de inmediato, desde su lugar inicial de
detención; cinco de los cuales sin pasar siquiera por los Tribunales.
Los hombres y mujeres de la Prefectura Naval Argentina, por su parte, sin
distinción de cargo ni jerarquía —junto a los padres del Cabo Segundo Marconi—
asistieron este viernes con recogimiento a una misa para rezar por su
recuperación, en atenta vigilia por el camarada caído.
Tal como sucedió en agosto pasado —oportunidad en la cual la jueza federal María
Romilda Servini de Cubría liberó ligeramente a los agresores de los uniformados—
ninguno de los forajidos fue demorado.
Lo ocurrido en el puerto de Buenos Aires es un hecho muy delicado: Los hombres
que agredieron, hirieron y casi lincharon a suboficiales de la Prefectura, están
libres —anodinamente— en tanto que los servidores públicos que protegieron el
orden y la vida de ciudadanos comunes (porque cualquiera de nosotros pudo haber
tenido la desgracia de estar eventualmente transitando por allí) están —una vez
más— en el banquillo de los acusados, en lugar de quienes protagonizaron
realmente la bestial devastación.
Quienes simplemente seguimos horror por televisión —que el Ministro Fernández
pareció ignorar— esperamos que ahora, ante la prueba contundente e irrefutable
de las imágenes, declaraciones de entidades gremiales y de gerentes del propio
casino —en estricta observancia del imperio de la ley y las obligaciones que le
impone su cargo— respalde el accionar de sus subordinados y exija una
investigación medianamente seria, orientada al juzgamiento imparcial de los
victimarios de los suboficiales heridos.
De otro modo —una vez más— los vándalos de siempre se habrán salido con la suya.
Autor: Dr Carlos Marcelo Shäferstein
Investigador Senior
Instituto de Estudios Estratégicos de Buenos Aires
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