En un informe hecho público ayer, la Dirección General de Pesca de la Unión Europea analiza el grado de cumplimiento de la legislación comunitaria en materia pesquera; España aparece como el país de la UE con más infracciones. El documento de la Comisión analiza cinco áreas distintas: capturas, flota, financiamiento del sector, trazabilidad y control de las actividades pesqueras. España sale particularmente mal parada en cuanto al incumplimiento de las cuotas pesqueras y en el control y seguimiento de las actividades de pesca. Greenpeace demanda al gobierno un cambio urgente en su política pesquera para dejar de encabezar la lista de los países más infractores de la Unión Europea.

"La nueva Administración pesquera tiene mucho trabajo por delante. Entre su trabajo está el de sacar a la flota española del ranking europeo de infractores y de solucionar graves problemas como la falta de personal dedicado a la inspección pesquera. Los casos detectados por los inspectores de Bruselas son el reflejo de una realizad que todos conocemos", añadió Losada.

En el apartado de capturas, España no ha mandado información para las especies no sujetas a cuotas en 2003. En el caso de las actividades pesqueras en terceros países, España ha enviado la información de capturas tarde. En este último apartado, la Comisión destaca que "la situación sigue siendo insatisfactoria en aguas no comunitarias. La UE está comprometida a asegurar actividades sostenibles independientemente de dónde operen sus flotas y el seguimiento de las capturas juega un papel fundamental a la hora de cumplir este objetivo".

Los pescadores españoles no salen bien parados. España figura a la cabeza entre los Estados que más infracciones han detectado en sus flotas en 2002, con 1785 infracciones de un total de 4251 (casi el 30%). Llama la atención el elevado número de infracciones por "obstruir el trabajo de los inspectores pesqueros", 36 de un total de 42, por "pesca sin autorización", 375 de un total 933, o la "falsificación o ausencia de datos en los cuadernos de pesca", 344 de un total de 604, "manipulación de los sistemas de seguimiento vía satélite", 94 de 101 y la "descarga de productos pesqueros sin cumplir con las normas comunitarias sobre control", 227 de 241.

Para Greenpeace el informe pone de manifiesto que la cuantía de las sanciones es insuficiente para impedir que se sigan produciendo ilegalidades. Hay infracciones como la obstaculización del trabajo de los inspectores o la manipulación de los aparatos de seguimiento vía satélite que son inaceptables y deberían suponer la retirada de la licencia de pesca.

Llama la atención, que uno de los tres casos de incumplimiento de las cuotas en 2003 sea el de la maruca, que muchas veces se comercializa de forma fraudulenta como bacalao. España prácticamente ha doblado su cuota, habiendo pescado 289 toneladas frente a las 162 a las que tenía derecho.

"El caso de la maruca refleja muy bien como reacciona la industria pesquera ante los problemas que ella misma ha provocado: primero ha hecho desaparecer el bacalao y ahora incumple las cuotas para la especie más parecida a éste que tiene a su disposición. En el camino, los consumidores son engañados y una nueva especie sufrirá las consecuencias", declaró Sebastián Losada, responsable de la campaña de pesca de Greenpeace.

El pasado mes de noviembre, la Comisión inició dos procedimientos de infracción contra España por deficiencias graves en su sistema de control de la actividad pesquera, comprobación y validación de los datos de captura y datos de desembarcos. España es el país con más procedimientos de infracción pendientes, con doce, seguida por Francia con once y Dinamarca y Reino Unido con diez.

Los problemas revelados por la Comisión en estos dos procedimientos de infracción son muy graves. La Comisión ha detectado que "España no emplea los recursos necesarios para asegurar una inspección adecuada y un seguimiento de las actividades pesqueras tanto en el mar como en tierra" . Estos problemas incluyen "falta de personal, equipo electrónico incompatible y retrasos en la transmisión de ciertos documentos a las autoridades competentes". La Comisión también observa "la falta de seguimiento de los casos observados de declaraciones de capturas falsas" o el hecho de que en el Puerto de Las Palmas "las inspecciones se dirigen preferentemente a los buques extranjeros mientras que los españoles no tienen que anunciar su llegada a puerto".

La Comisión presenta un caso en el que sus inspectores "detectaron que sólo el 15% de las 200 toneladas de merluza puestas en el mercado habían sido declaradas" o la existencia en algunos barcos de "cámaras ocultas, algunas refrigeradas, no detectadas debido a la falta de inspecciones en puerto mencionadas con anterioridad".

Otro caso se refiere a las capturas comunicadas por España a la Comisión de una población en gran peligro como el stock Norte de merluza. Éstas se consideran o bien no fiables o incompletas. En consecuencia "es muy probable que haya existido sobrepesca de la merluza norte en 2001 y en 2002".

España no es desde luego el único país que sale mal parado de este informe, pero figura sin duda a la cabeza. El único apartado en el que España sale bien parada es en el cumplimiento de los programas de gestión del tamaño de la flota (conocidos como POPs), si bien estos son claramente insuficientes dado el gran desequilibrio que existe entre el tamaño de la flota y los recursos pesqueros disponibles.

Para más información:

Sebastián Losada, responsable de la Campaña de Océanos de Greenpeace, 91 444 14 00 ó 626 99 82 54

Prensa de Greenpeace: Laura Pérez, 91 444 14 00 ó 626 99 82 51